Abogados, expertos, alumnos de masters en derecho internacional y representantes del Gobierno han llegado a la conclusión de que los despachos españoles no tienen un plan de expansión exterior y salen al extranjero sin una visión clara del mercado en el que van a entrar y una formación específica como la que imparten los masters derecho internacional. Esta fue una de las ideas finales que se alcanzaron en el foro Estrategias de internacionalización de los despachos de abogados que ha organizado la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) que deberían ser muy tenidos en cuenta para todos aquellos ue estén cursando actualmente carrera derecho o estén insmersos en la prepaación de oposiciones justicia.
Una mayor formación para enfrentarse al mercado internacional con master derecho internacional de los negocios ayudaría sobremanera a paliar alguna de las carencias descritas, ayudando a que la abogacía española de negocios, que lleva treinta años expandiéndose en el exterior, puedan abrir mercado y acompañar a sus clientes más allá de sus fronteras.
El problema es que parece que aunque las instituciones publicas han apoyado la internacionalización de los sectores productivos industriales, el apoyo al sector servicios y, más concretamente, al de los servicios jurídicos es mucho más reciente y aún está en una fase de desarrollo y formación con cursos específicos Pero como todo aquello que está en pleno desarrollo la necesidad de nuevos masters derecho para profesionales que estén realmente preparados en el sector abrirá una nueva salida profesioal en el campo jurídico.
Masters derecho aplauden una sentencia pionera por la que una ama de casa recibirá de su ex marido 108.000 en concepto de indemnización por las labores domésticas con las que contribuyó a la carga del matrimonio.
En la sentencia, los masters derecho del Tribunal Supremo destacan que se concede el derecho a obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico que se recoge en elartículo 1438 del Código Civil.
La Sala de lo Civil ha estimado así el recurso presentado por Piedad F. contra la sentencia dictada en 2008 por la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó su derecho a recibir una indemnización por las labores domésticas con las que contribuyó a la carga del matrimonio que había fijado anteriormente el juzgado de Primera Instancia número 6 de Móstoles (Madrid).
Según los masters economia consultados, el juzgado calculó esta cuantía multiplicando 600 euros, que costaría una empleada del hogar al mes, por doce meses y multiplicado por los 15 años de duración del matrimonio.
Los hechos narrados por los master especializados se remontan a 2007, cuando la mujer presentó la demanda de divorcio y solicitó una pensión alimenticia de 2.100 euros a favor de la hija, otra compensatoria de 1.500 euros mensuales y una indemnización de 167.400 euros por haber contribuído a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico.
El juzgado madrileño dio la razón a la ex mujer aunque redujo esta indemnización a 108.000 euros. Su ex marido recurrió esta decisión ante la Audiencia de Madrid y ahora el Supremo avala el criterio del juzgado de Móstoles y ordena reponer la sentencia que este órgano dictó en 2007, por la cual ordenaba al ex marido abonar 108.000 euros.
Los masters derecho aplauden la reciente aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del proyecto de Ley de Reforma Consursal que agilizará y abaratará los procedimientos concursales y ayudará a solucionar negociadamente la insolvencia de familias y empresas.
La nueva ley, según los masters derecho consultados, no altera el modelo concursal vigente, aunque introduce novedades como una composición más reducida y especializada de la administración concursal y la posibilidad de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación entre el deudor consursado y las entidades financieras, entre otras.
Esta ley, según analizan los masters especializados, ayuda a las empresas en cuanto a los acuerdos de refinanciación pues profundiza en alternativas al concurso o los institutos preconcursales y se detiene en las cuestiones sociales ampliando la protección de los trabajadores.
Los estudiantes de la carrera de derecho no parecen estar muy de acuerdo con la entrada en vigor de un reglamento que les obliga a cursar un master obligatorio y realizar un examen estatal para ejercer la profesión, por lo que a partir de ahora no bastará con colegiarse.
A los nuevos titulados de esta carrera universitaria se les va a implantar un master en derecho cuyo coste estará entre los 6.000 euros, en la universidad pública, y los 24.000 en la privada.
La mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la existencia de hacer un examen de acceso pero no pagar un master y por ese motivo han convocado manifestaciones en toda España.
La medida afecta a las dos últimas generaciones de licenciados, unas 25.000 personas, y el master en derecho se empezará a cursar el año que viene.